De: AssociaciX Joves Investigadors.
[BEQUES@listserv.uv.es] en nombre de Daniel Montesinos
[Daniel.Montesinos@uv.es]
Enviado: miércoles, 03 de marzo de 2004
13:36
Para: BEQUES@listserv.uv.es
Asunto: Comunicat demanda
RD
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Dani.
LA
“FEDERACIÓN DE JOVENES INVESTIGADORES / PRECARIOS” RECURRE ANTE EL TRIBUNAL
SUPREMO EL ESTATUTO DEL BECARIO APROBADO RECIENTEMENTE POR EL
GOBIERNO.
El recurso ha sido admitido a
trámite por el Tribunal Supremo.
El Estatuto del Becario de
investigación, aprobado recientemente por el Gobierno (Real Decreto 1326/2003
del 24 de octubre) ha supuesto una importante decepción para el colectivo de
Investigadores en Fase Inicial (IIFI), que vienen reclamando una regularización
y homologación de la carrera investigadora en nuestro
país.
El amplio colectivo de jóvenes
investigadores que la Federación representa venía denunciando, con persistencia,
ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las limitaciones y restricciones de
los sucesivos proyectos de Estatuto que preparaba el Gobierno, que también
fueron advertidas a su paso por el Consejo Económico y Social, y que
lamentablemente se han mantenido en el Estatuto definitivamente
aprobado:
1. El Estatuto se puede aplicar de
forma arbitraria pues únicamente vincula a Programas de Becas cuyos promotores
decidan su inclusión en el Registro público de inscripción voluntaria, creado
por el Estatuto a tal efecto, pudiendo quedar fuera el resto de los Programas al
arbitrio de los organismos que conceden las becas
2. Además, se excluye del Estatuto a
los nuevos investigadores que todavía no han obtenido el Diploma de Estudios
Avanzados (DEA), dejándose totalmente desprotegidos y en la misma
situación precaria actual, durante dos años, a un amplísimo
número de jóvenes licenciados que se inician en la investigación y que comienzan
a ser científicamente productivos.
3. Por otra parte, se ha establecido
en el Estatuto aprobado una asimilación muy incompleta y restrictiva de los
becarios, como activos, al Régimen General de la Seguridad Social
(RGSS):
-
Se impone una base de cotización que no es la equivalente a la dotación mensual
real de las becas (como al resto de los activos, laborales o funcionarios,
conforme a la legislación de la Seguridad Social) sino al salario mínimo
interprofesional (la mitad de la media del importe de las becas concedidas por
los organismos públicos de investigación)
- Deja sin cobertura la prestación
de desempleo en la terminación de la beca, y continúa siendo una incógnita el
derecho a vacaciones así como los efectos económicos del permiso por maternidad,
pudiéndose dar lugar a abusos y situaciones
regresivas.
4. Hay que tener en cuenta que con
el texto aprobado por el Gobierno sólo las becas de investigación financiadas
con fondos públicos pueden acogerse al Estatuto, lo cual entra en contradicción
con el pretendido objetivo del Gobierno, de incorporar al sector privado a la
investigación en España. Esto perjudicará además a numerosos becarios que
trabajan en centros públicos pero con becas financiadas por entidades privadas,
que no podrán acogerse ni siquiera a los exiguos beneficios del Estatuto del
Becario.
5. Por otro lado, el Estatuto
aprobado sigue contemplando la vergonzosa posibilidad de pagar a un doctor, que
ha obtenido el más alto título académico, con una beca de formación. El
colectivo de becarios de investigación, que llena los despachos y laboratorios
de todos los centros de investigación españoles, sigue sin ser asimilado un
trabajador, sin vinculación con el instituto o departamento donde
trabaja, y sin los derechos básicos que reconoce el Estatuto de los
Trabajadores, como el derecho de sindicación, o de beneficiarse de los convenios
colectivos.
Por desgracia, con este Estatuto se
ha perdido una importante oportunidad para reconocer la investigación
científica, tecnológica y humanística como una actividad profesional y
proporcionar una regulación adecuada, mediante una auténtica homogeneización
laboral de los becarios de investigación en España, e impidiendo la emisión de
becas con condiciones intolerables.
Por su falta de universalidad y su
indefinición, la Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios
coincide en señalar, como lo hizo el Consejo Económico y Social, que esta medida
no llega a la categoría de Estatuto, y, además, la exclusión de los jóvenes
investigadores “pre-DEA” y de los “postdoctorales” con más de dos
años de experiencia, como establece el Decreto aprobado por el Gobierno,
evidencian un desconocimiento de la naturaleza de la actividad investigadora y
una escasa atención por las incoherencias del
sistema.
Por ello la Federación de Jóvenes
Investigadores Precarios ha recurrido al Estatuto ante el Tribunal Supremo que
deberá revisar el texto gubernamental tras su reciente admisión a trámite del
recurso.
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- Daniel
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Garay (Presidenta Joves Investigadors) 617533930 Isabel.M.Garay@uv.es
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